El proceso de privatización y recompra TAP era "normal", pero "no el más eficiente", porque "los cambios contractuales sucesivas" agravaron la "responsabilidad del Estado" y aumentaron “exposición a contingencias adversas de la empresa ", considera que el Tribunal de Cuentas.
Solicitado por la Asamblea para evaluar "la regularidad y la salvaguardia del interés público" en la transacción de privatización y la recompra de TAP, la auditoría del Tribunal de Cuentas (TDC) insta al Gobierno a promover "un marco regulatorio estable para la participación del estado en la naturaleza estratégica de las empresas" y garantizar "mecanismos adecuados para la distribución de riesgos, responsabilidades y beneficios económicos y financieros con el socio privado ".
Aún defendida por la Corte es que el Ministerio de Hacienda a fortalecer "mecanismos de control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del accionista público, con especial atención a los indicadores clave de rendimiento económico y financiero de TAP SGPS ", con el fin de "garantizar la transparencia sobre la sostenibilidad de la empresa".
Los resultados de la auditoría, cuyo informe ha sido publicado, proceso de recuperación del capital de la compañía aérea "era muy regular, en el contexto de la inestabilidad legislativa y cambios sucesivos en materia contractual compleja naturaleza técnica y profunda en la que se llevan a cabo las operaciones ".
El TDC destaca que "las limitaciones" proceso "no fueron ignorados, pero sopesarse con el mayor bien para ser una empresa viable con importancia estratégica para el país ".
la Corte, el proceso fue también "eficaz", ya que "llegado a la viabilidad de los objetivos de la empresa (prioridad para la privatización) y la recuperación control estratégico (prioridad a la recompra)”.
En cuanto a la eficiencia, los auditores concluyen que el proceso "no ha dado lugar a que el resultado más eficiente", ya que "no ha obtenido el consenso necesario de los políticos, tener cambios contractuales sucesivas empeoraron las responsabilidades del Estado y aumentando su exposición a contingencias adversas de la empresa ".
"La salvaguardia de interés público también requiere que las decisiones eran consensuada", se refiere al documento.
Se examina fue la operación de privatización 61% TOQUE en capital, implementado por el Gobierno dirigido por Passos Coelho en noviembre 2015, por la venta directa, el consorcio del Atlántico puerta de enlace (Humberto Pedrosa y David Neeleman) para cumplir con los compromisos con la 'troika' y facilitar la recapitalización y la viabilidad financiera, y la recompra por parte del Estado, realizado en junio 2017, el ejecutivo António Costa, las acciones necesarias para detener 50% del capital social de PT y recuperar el control estratégico de la empresa.
sobre la privatización, TdC considera que el Estado "se reunió compromisos internacionales, Permitió una empresa considerada de importancia estratégica ", "Mejora de las cuentas de Parpública" (692 milhões de euros) y "aseguró la recapitalización por el socio privado" (337,5 milhões de euros).
Sin embargo, es compatible con, "Control estratégico Lost" (que pasa a tener una posición minoría 34% sin el capital social) y "asegurado la deuda de la empresa en caso de incumplimiento" (615 milhões de euros).
Ahora la operación de recompra, la Corte observa que el Estado "recuperó el control estratégica con la posición de accionista más grande" (de 34% para 50%), pero "perdidos" los derechos económicos (de 34% para 5%), además de "asumir mayores responsabilidades en la capitalización y financiación de la empresa", agravando la exposición a futuras contingencias.
Por otro lado, la reducción del capital social del Atlántico puerta de enlace (de 61% para 45%) Esto fue acompañado por la adición de los derechos económicos correspondientes (de 61% para 90%).
"Después de la restauración de los cambios de capital en la situación económica y financiera de la empresa y las estimaciones dadas en su plan estratégico (patrimonio y los resultados) son positivos. Sin embargo, siendo los riesgos inherentes a las obligaciones asumidas por el Estado y las proyecciones, hasta 2022, Ellos son insuficientes para evaluar la sostenibilidad de la empresa ", apoyar a los auditores.
en la auditoría, la Corte señala que el proceso de recuperación de capital de TAP se debió a la "deterioro económico y financiero de la compañía desde 2008.", con "pérdidas consecutivas, la deuda y el crecimiento patrimonio negativo ", en un contexto de intervención pública "limitada por las restricciones impuestas por las normas comunitarias sobre ayudas de Estado".
TAP es propiedad de TAP SGPS, creado en 2003, con un capital suscrito y pagado por el estado a través de Parpública (15 milhões de euros).
Actualmente, el Estado sostiene 50% de capital, una puerta de enlace del Atlántico 45% y los restantes trabajadores 5% de capital.
